Derogar incentivos a las acciones populares, suprimir el concurso de méritos a servidores públicos que lleven cinco años y otorgar beneficios a ciudadanos pertenecientes al Sisben, quedarían regulados por las nuevas normas.
Bogotá D.C., 27 de octubre de 2010 (Oficina de Prensa del Senado).- La Comisión Primera del Senado aprobó tres iniciativas encaminadas a derogar incentivos económicos del 15 por ciento en las acciones populares; establecer un mecanismo que resuelva la situación laboral de trabajadores reúnan los requisitos cuando tengan más de cinco años en el cargo; y exonerar a indígenas y a personas de escasos recursos inscritos en el Sisben para que no paguen la expedición de certificados catastrales y libretas militares, entre otros.
Derogar incentivos en acciones populares -. La iniciativa del Ministerio del Interior, aprobada con 11 votos a favor y dos en contra, modifica el régimen de recompensas establecidas por la ley, que establece las reglas de juego en el caso de prosperar acciones populares ante el Estado.
Según el senador Roberto Gerlein (Partido Conservador), ponente de la iniciativa, "con posterioridad a la expedición de la Ley 472 de 1998, las altas Cortes se pronunciaron acerca de las acciones populares y de grupo. Nunca imaginaron que la legislación sobre la materia fuese retorcida de tal manera que los beneficios diseñados con las recompensas se trastocaran en ostensibles perjuicios para el patrimonio público".
"A pesar de ello –según Gerlein-- su aplicación ha generado toda suerte de ataques y críticas pues, en la práctica, se ha desvirtuado la bondad de los incentivos establecidos por el Estado a quienes logren un fallo favorable y su mala utilización lo ha convertido en herramienta de intereses económicos desmedidos que nada tienen que ver con los nobles propósitos que la inspiraron".
Aspirantes a carrera administrativa -. Este acto legislativo de autoría de los senadores Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Juan Manuel Galán y Javier Cáceres, entre otros, fue aprobado por 13 votos, y determina las calidades que deben tener los aspirantes a ingresar a los cargos de carrera, señalando que la Comisión Nacional del Servicio Civil o quien haga sus veces, homologará las pruebas de conocimiento establecidas para quienes aspiren a ejercer un cargo de carrera cuando lo ejercen de manera provisional.
Para senador Luís Carlos Avellaneda (Polo Democrático), ponente del proyecto, "es necesario llamar la atención que la relación laboral entre la administración pública, con los servidores vinculados en calidad de provisionales, generó un fenómeno que requiere protección por parte del Estado, garantizando estabilidad a los trabajadores".
El congresista dijo que "el propósito es suprimir la inscripción de los servidores públicos a la carrera administrativa y homologar dentro del concurso de méritos las pruebas de conocimiento por un mínimo de cinco años de experiencia en el ejercicio del cargo. El servidor público debe estar ejerciendo el empleo en provisionalidad al momento de entrar en vigencia el presente acto legislativo y cumplir con las calidades y requisitos exigidos en la respectiva convocatoria del concurso".
Con la norma, el propósito es encontrar salidas jurídicas que protejan los derechos de los servidores públicos en calidad de provisionales tales como el derecho al trabajo estable que tiene relación directa con preceptos constitucionales como el derecho a la vida en condiciones dignas y justas, derechos a la institución familiar, protección a la niñez, etc..
Exención de pago a indígenas y personas del Sisben -. Otra de las iniciativas aprobadas por la Comisión Primera, también por 13 votos a favor, fue el de exonerar a personas de escasos recursos que no pagarían la expedición de certificados catastrales, expedidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para la liquidación de la cuota de compensación militar y el otorgamiento de subsidio de vivienda a quienes demuestren pertenecer al nivel 1, 2 y 3 de Sisben y los indígenas que conserven su integridad cultural, social y económica.
Para el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo (Partido de la U), ponente dy autor del proyecto, "es evidente que ambos sectores poblacionales se encuentran bajo unas circunstancias económicas nada favorables, y lo que se pretende es regular el trámite de ambas cuestiones para permitir el acceso de dicha población".
Esta iniciativa es una herramienta que les permitirá a muchos ciudadanos de condición vulnerable que no cancelen los 10 mil pesos que vale el certificado. "Esta suma puede ser importante para una persona de escasos recursos económicos y que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de manera autónoma, implemente los mecanismos necesarios para que de forma gratuita haya la disponibilidad permanente de manera electrónica sobre certificación catastral", afirmó el senador Carlos Enrique Soto.
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